El pasado 13 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con este cambio normativo la Agencia Tributaria quiere saber en qué nos gastamos el dinero y cotejar los ingresos declarados y los pagos realizados y así obtener más información para luchar contra el fraude fiscal.
Tras este cambio normativo, el límite de pagos en efectivo entre empresarios se bajará de los 2.500 euros actuales, a los 1.000 euros. Aunque esta tendencia parece que va a más, María Jesús Montero, ha señalado que el objetivo del Gobierno es bajar el límite de los movimientos en dinero en efectivo también para los particulares, que de momento podrán seguir pagando en efectivo hasta 2.500 euros. En palabras de la ministras el objetivo del Gobierno nacional es «bajar a la mínima expresión» este tipo de transacciones, para así, poder «tener la trazabilidad de todas las operaciones», y ser rigurosos en la medida de lo posible.
Según la norma el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo es constitutivo de infracción administrativa, de la que responden de forma solidaria tanto el pagador como el receptor. La infracción será grave y la base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 2.500 euros o 15.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera, según se trate de uno u otro de los supuestos que se recogen en la normativa, siendo la sanción una multa del 25 % de la base de la sanción. En cuanto el proyecto de ley sea aprobado por el congreso y posteriormente sea sancionado y promulgado por el rey y publicado en el BOE, entrará en vigor.